RESPONSABILIDAD POLÍTICA: Hay que ubicar el concepto en el contexto de los diversos niveles de responsabilidad que entrañan las acciones políticas. Hay una responsabilidad personal por los propios actos; hay una responsabilidad institucional, si esa persona encarna o forma parte integrante de una institución; hay una responsabilidad legal si esos actos violan normas legales (esa responsabilidad le es reclamada a la persona) y hay una responsabilidad política, que es la que tiene todo actor político respecto de todo lo que ocurre en su área de poder directo, aunque no haya intervenido directamente en ello. Es una responsabilidad- fusible, que se ubica generalmente debajo de la cúspide del poder y arriba de las estructuras de ejecución. Solo en casos muy graves afecta a la cúspide porque el sistema privilegia la estabilidad del mando supremo y descarga, en lo posible, la responsabilidad política sobre las primeras líneas de las jerarquías de implementación. La ejecución de la responsabilidad política, en caso de error, generalmente se asume mediante la renuncia al cargo, y puede tener consecuencias sobre la carrera política posterior. La responsabilidad tiene dos caras: una cara intersubjetiva, que es la obligación del representante frente a sus electores por sus actos como tal; y otra cara funcional, en cuanto se supone que quien acepta postularse como representante está en condiciones de ofrecer un adecuado nivel de prestación en términos de eficiencia y capacidad; es decir, una conducta «responsable», confiada en último término a su «ciencia y conciencia». (D. Fisichella – 1990)


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